La polémica alrededor del escandaloso fallo que paralizó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo de altísima indignación social.
Jonatan Viale expuso al aire los exorbitantes ingresos mensuales que percibe la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La revelación provocó un profundo repudio en la opinión pública, que contrasta las abultadas cifras liquidadas por el Estado con la absoluta desprotección de los ciudadanos de bien ante el avance de la delincuencia.
El informe detalló la suma de fondos públicos que cobra la funcionaria que decidió suspender la ley votada democráticamente por el Congreso de la Nación.
“Casi 15 millones de pesos por mes”
Durante la emisión televisiva, el periodista dio a conocer el desglose detallado de las liquidaciones estatales que benefician a la magistrada bonaerense.
“¿Sabés cuánto gana la jueza Marta Pascual, la que suspendió el régimen penal juvenil?”, preguntó Viale antes de revelar los números exactos de su recibo de haberes.
El informe precisó que la jueza cobra de manera mensual un salario en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que alcanza los 13.850.163 pesos.
A esa cifra estrafalaria se le suma un ingreso secundario procedente del ámbito educativo estatal que incrementa significativamente el monto final depositado cada mes.
“Gana casi 15 millones de pesos entre los dos sueldos”, remarcaron en el programa al analizar el privilegiado pasar financiero de la funcionaria.
“Lo pagamos entre todos”
La periodista Guadalupe Vázquez aportó información clave sobre la segunda caja estatal de la que percibe haberes la magistrada de Lomas de Zamora.
Según los datos expuestos en la mesa, Pascual suma más de un millón de pesos extra por un cargo docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
“Es empleada pública también en la universidad y lo pagamos entre todos”, remarcaron con indignación sobre el origen de los recursos que financian sus ingresos.
El monto total que percibe la magistrada alcanza los 14.921.882 pesos mensuales, liquidados íntegramente con el dinero de los contribuyentes.
La difusión del dato encendió el enfado masivo de la ciudadanía, que cuestiona los privilegios de sectores judiciales que traban el combate contra la inseguridad.
Indignación por los privilegios de la justicia garantista
La filtración del recibo de la magistrada generó un fuerte impacto político en medio de los reclamos sociales para acelerar las reformas en materia de seguridad.
Para amplios sectores de la población, resulta inaceptable que funcionarios con ingresos multimillonarios adopten decisiones que impiden encarcelar a menores que cometen delitos graves.
La marcada brecha entre los salarios del Poder Judicial y las penurias que enfrentan las víctimas del delito reavivó el debate sobre la necesidad de exigir responsabilidad a los jueces.
El caso de la magistrada Pascual se convirtió en un símbolo del malestar colectivo frente a un sistema que privilegia a los delincuentes mientras la gente de bien vive encerrada.