La decisión de la Justicia bonaerense de suspender la aplicación de la Ley 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, desató un profundo malestar en la sociedad.
Mientras una abrumadora mayoría de los ciudadanos exige medidas firmes y respuestas concretas para combatir la delincuencia juvenil, un recurso judicial presentado desde sectores vinculados al kirchnerismo logró paralizar la medida en la provincia de Buenos Aires.
La resolución que frena la normativa por un plazo de 60 días estuvo motivada por un hábeas corpus preventivo colectivo presentado ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
Detrás de esta maniobra legal se encuentra una figura de estrecho vínculo con la exvicepresidenta Cristina Kirchner y los sectores más radicalizados del aparato eclesiástico alineado con el modelo populista.
El historial del sacerdote detrás del amparo judicial
El amparo fue impulsado por la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, una organización presidida formalmente por José María “Pepe” Di Paola. Conocido públicamente como “El Padre Pepe”, uno de los máximos referentes del movimiento de curas villeros,
Di Paola ha mantenido a lo largo de los años una pública y estrecha sintonía con las principales figuras del kirchnerismo, habiendo sido recibido en múltiples oportunidades por Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos y el Instituto Patria.
El recurso planteado por la organización conducida por el sacerdote argumentó que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen penal juvenil generará un colapso en el sistema de contención. Según la presentación que tomó en cuenta la jueza Marta Elba Pascual, los establecimientos de la provincia no contarían con la infraestructura ni el personal necesario para alojar a los menores imputados.
Sin embargo, para los sectores que reclaman seguridad y el fin de la impunidad en los barrios, la presentación judicial representa una nueva maniobra ideológica para blindar a quienes cometen delitos graves y evitar que respondan ante la ley.
Indignación generalizada por el freno a las medidas de seguridad
El freno a la baja de imputabilidad provocó un fuerte rechazo en la ciudadanía, que observa con frustración cómo los recursos judiciales terminan favoreciendo la permanencia de un sistema permisivo.
La baja de la edad de imputabilidad a 14 años es una de las demandas más postergadas y respaldadas por la población, que exige terminar con el vacío legal del que se aprovechan las bandas criminales para utilizar a menores en hechos violentos.
A pesar del contundente reclamo social por un cambio de paradigma en materia de justicia y seguridad, las estructuras alineadas con el relato garantista continúan operando para bloquear las reformas estructurales.
El accionar del sacerdote Di Paola vuelve a poner en evidencia el rol de ciertos sectores religiosos que, bajo el argumento del trabajo social, terminan actuando como brazos de contención política del kirchnerismo.
Mientras tanto, la aplicación de la ley permanece suspendida en el distrito más poblado del país, reavivando el debate sobre la complicidad de la vieja política con la puerta giratoria.
No son pocos los que ven una mano rara detrás del habeas corpus presentado por El Padre Pepe, íntimo amigo de Cristina, y todo parece indicar que no solo se trata de ponerse del lado de los delincuentes sino además ponerle palos en la rueda al Presidente Milei.