El epitafio del sindicalismo parasitario ante la urgencia de crear empleo en Argentina.
Existe un libreto en Argentina que se repite cada vez que se propone liberar las cadenas de la economía productiva: la oposición automática, sin análisis, blindada en el miedo al cambio.
El debate sobre la reforma laboral ha sido secuestrado por aquellos que repiten el mantra de la «pérdida de derechos». En realidad, defienden la continuidad de un sistema diseñado para el estancamiento y la judicialización crónica.
La negativa a discutir en serio un nuevo marco legal es un acto de complicidad con la pobreza y el trabajo informal. Es un acto de sabotaje contra la posibilidad de progreso individual.
Los argentinos deben saber que el verdadero derecho que se está perdiendo en este statu quo no es el aguinaldo o las vacaciones. Es el derecho fundamental a tener un empleo formal y digno.
La oposición atrincherada, liderada por un sindicalismo de dinosaurios, ignora que la ley actual no protege al trabajador; protege al político y al burócrata que viven de la regulación del trabajo ajeno.
La defensa de la «ley de los 70» tiene un precio que pagan todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes que buscan su primer empleo. El costo laboral argentino, inflado por la litigiosidad y regulaciones obsoletas, es una barrera insalvable para las PyMEs.
El sistema de indemnizaciones se ha convertido en una lotería para abogados y una amenaza de quiebra para el pequeño empresario. Los datos que surgen de los convenios colectivos aplicables a PyMEs, dan cuenta que estas empresas deberán abonar en promedio unos $5.000.000 ARS por cada trabajador que despidan.
Las cifras – varían según el sueldo percibido, la antigüedad y demás factores – pueden verse incrementadas, aunque existen topes devenidos de los convenios colectivos.
Está claro que esta cifra no es burocracia, es un cerrojo a la creación de puestos de trabajo, y la convierten en el principal obstáculo para que el mercado argentino pueda generar empleo genuino y de calidad.
Oponerse a una reforma en añoranza de tiempos que ya no existen
La resistencia de sectores opositores y sindicales se basa en una ficción: que el Estado es el único protector del trabajador. Esta visión estatista, propia de las peores épocas del populismo, ignora que un mercado laboral dinámico y flexible es el verdadero motor de ascenso social.
La oposición se opone a lo que no conoce porque, si la reforma funcionara y creara millones de empleos, derrumbaría su relato ideológico de la eterna dependencia del Estado.
Mientras el sindicalismo tradicional se atrinchera en el pasado, la evidencia internacional muestra que la flexibilidad es la clave para bajar el desempleo.
Países como España han demostrado que una eficiente implementación de la reforma laboral termina dando buenos resultados en el mediano plazo. Inclusive fortaleciendo aún más el rol de los sindicatos.
En cambio en lo que va del 2025, el empleo informal en Argentina alcanzó el 43,2%, lo que está señalando un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a 2024 – fuente Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET -.
La oposición niega estos datos, no porque no sean reales, sino porque su interés no es el trabajador, sino el control del poder y las cajas sindicales.
La reforma laboral no es una acción dirigida contra la clase trabajadora, es una cirugía necesaria para extirpar el mal de la informalidad que nos carcome como sociedad.
Quienes gritan «pérdida de derechos» son los mismos que permitieron que la mitad de los argentinos estén sin aportes, sin vacaciones y sin la más mínima protección legal. Ellos son los que robaron el derecho a la dignidad del trabajo.
Noticiero Argentino lo dice sin vueltas: la resistencia sindical está defendiendo privilegios personales, cajas millonarias y un modelo de cooptación política, no los intereses de la clase trabajadora.
Es hora de que el Congreso y el Ejecutivo dejen de oir a este coro de la involución, poniendo la necesidad de empleo de la gente por encima de la comodidad de la casta que solo sabe oponerse por inercia y conveniencia propia.
El tiempo de los parches, y las soluciones a medias se acabó. Si la dirigencia política insiste en mantener el Estado gigante y regulador a costa del productor o empresario, la parálisis económica continuará, y el único «derecho» que se garantizará es el de seguir siendo un país sin futuro.
Es necesario que los nuevos líderes entiendan que solo la libertad económica y la propiedad devuelta al ciudadano podrán rescatar a la Argentina. El secretario de Trabajo, Julio Cordero lo expresó en forma clara: “la modernización que se proyecta no provocará precarización laboral ni más despidos. Por el contrario, permitirá que las personas accedan a un empleo digno y formal”.
Si se quiere hacer las cosas mínimamente bien, es fundamental informarse sobre aquello que se va a aceptar o rechazar, porque a esta altura del partido el ciudadano común ya se dio cuenta de todo, y no quiere que el país siga siendo rehén de quienes viven con el lema de oponerse a todo lo que no les garantice un cargo.