La respuesta política no se hizo esperar tras el controvertido fallo que paralizó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que van de forma inmediata por el juicio político y pedido de destitución contra la magistrada Marta Elba Pascual.
Cabe recordar que la jueza, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender por 60 días la baja de imputabilidad a 14 años.
La medida encendió la indignación generalizada de la sociedad, que exige respuestas urgentes e intransigentes frente a la ola de inseguridad que golpea diariamente al conurbano.
“Es una jueza que piensa en los intereses de lo peor de la política”
El espacio oficialista, encabezado por Sebastián Pareja, junto a sus equipos técnicos y legislativos, avanza firmemente en la presentación formal para destituir a la magistrada de su cargo.
Para los referentes del espacio, la decisión judicial representa un desafortunado intento por bloquear una herramienta legislativa votada democráticamente por el Congreso de la Nación.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, sentenció Pareja sobre el accionar de la funcionaria judicial.
Asimismo, remarcó la gravedad de frenar una normativa que la ciudadanía venía reclamando masivamente para poner fin a la impunidad de las bandas que utilizan gente de corta edad.
“Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad exige solucionar”, agregó el dirigente.
A este pedido de juicio político se sumó además la denuncia penal impulsada por la asociación civil Usina de Justicia por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Prefirió la comodidad de los delincuentes antes que la seguridad de la gente
La resolución de la jueza Pascual hizo lugar a un polémico hábeas corpus presentado por la organización vinculada al cura villero Pepe Di Paola.
En su fallo, la magistrada argumentó una supuesta falta de infraestructura adecuada en los centros de detención para albergar a los jovenes que cometan delitos.
La postura judicial generó un profundo repudio al poner como prioridad las condiciones edilicias y el confort de los futuros detenidos por encima de las víctimas.
En lugar de garantizar la aplicación estricta de la ley, la Justicia optó por anteponer las demandas de sectores garantistas que continúan protegiendo al delincuente.
Mientras las familias trabajadoras viven encerradas y a merced de la delincuencia juvenil, la decisión judicial priorizó que los jovenes delincuentes no sufran incomodidades.
Se terminó la impunidad para la justicia garantista
El avance del proceso de destitución marca un punto de inflexión decisivo dentro del sistema judicial bonaerense.
Desde el oficialismo dejaron en claro que se terminaron los tiempos en que las maniobras ideológicas en favor del abolicionismo penal quedaban sin consecuencias.
Haber frenado una demanda histórica de la sociedad no le saldrá gratis a la magistrada de Lomas de Zamora, quien ahora deberá enfrentar las decisiones de los jurados de enjuiciamiento.
La firme ofensiva parlamentaria promete sentar un precedente directo contra los jueces que deciden actuar como militantes políticos antes que como servidores de la ley.
La sociedad argentina exige que la ley se cumpla y que los responsables de garantizar la impunidad de los delincuentes comiencen a rendir cuentas de inmediato