La semana arrancó con un clima enrarecido en los pasillos del poder. No hubo anuncios ruidosos ni conferencias improvisadas, pero la noticia empezó a circular rápido y a generar gestos de preocupación.
En despachos oficiales y oficinas privadas se repitió la misma pregunta. No era una novedad menor ni un tecnicismo jurídico. Se trataba de una decisión que vuelve a poner en discusión un tema sensible para la vida cotidiana.
Durante meses, el eje del orden público había dejado de ocupar el centro de la escena. La rutina urbana recuperó cierta normalidad y muchos dieron por sentado que esa etapa había quedado atrás.
El fallo conocido en las últimas horas vino a romper ese equilibrio. Dejó la sensación de que algo que parecía resuelto vuelve a quedar en duda, justo cuando empezaba a consolidarse.
Recién al avanzar en los detalles se conoció el punto central. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, resolvió declarar la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión se apoyó en un argumento institucional. Según el magistrado, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que no le corresponden, ya que ese tipo de regulaciones deberían emanar del Congreso y no de una resolución administrativa.
Cormick no es un nombre desconocido en este tipo de debates. En el pasado ya había firmado fallos adversos a medidas del Ejecutivo, lo que volvió a despertar críticas y suspicacias sobre el alcance de sus decisiones.
El impacto no tardó en trasladarse al plano político y sindical. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, salió rápidamente a celebrar el fallo. Lo presentó como una victoria propia y como un mensaje directo hacia las fuerzas de seguridad.
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. En ellas volvió a desafiar abiertamente la autoridad policial y a reivindicar la protesta como herramienta central, sin mencionar los efectos colaterales sobre terceros.
El fallo puso en riesgo uno de los puntos que el Gobierno consideraba un logro concreto. Durante dos años, la Avenida 9 de Julio se mantuvo libre de cortes, algo que parecía impensado tiempo atrás.
Ese orden no fue casual. Respondió a una decisión política clara, sostenida en el tiempo y respaldada por una parte importante de la sociedad que reclamaba libre circulación y previsibilidad.
La resolución judicial vuelve a dejar ese escenario bajo amenaza. La posibilidad de que regresen los bloqueos y las protestas con interrupciones totales volvió a instalarse como una preocupación real.
Malestar en el ejecutivo
En ámbitos cercanos al Ejecutivo no ocultaron el malestar. Consideran que la medida judicial desconoce el esfuerzo por garantizar derechos básicos como transitar, trabajar y llegar a destino sin quedar atrapado en conflictos ajenos.
También remarcan que el protocolo no prohibía protestar, sino que ordenaba. La discusión, insisten, no es ideológica, sino práctica. Orden o caos.
Desde el Gobierno Nacional ya anticiparon que apelarán la medida de inmediato. La estrategia apunta a sostener el protocolo y defender lo que consideran un derecho elemental de los ciudadanos.
El caso promete escalar. No solo en los tribunales, sino también en la calle y en el debate público. El fallo volvió a exponer una tensión histórica entre quienes priorizan el reclamo sin límites y quienes exigen reglas claras.
La sensación que queda es conocida. Cuando el orden empieza a consolidarse, una decisión judicial puede volver a foja cero y reabrir discusiones que parecían saldadas.
El interrogante ahora es cuánto durará esta nueva etapa y qué impacto real tendrá en la vida diaria. El foco está en la próxima marcha de los jubilados.
Por lo pronto, el fallo ya dejó una señal clara. Lo que parecía firme, volvió a quedar bajo discusión. Y el equilibrio entre derechos volvió a ponerse en juego.